El 27 de octubre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar la figura de personas trabajadoras del hogar, incluyendo para ello, todo un capítulo para su definición y fijando obligaciones para empleadores/as respecto de este colectivo.
El dictamen remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales fue aprobado de forma unánime, con 486 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Sin embargo, para lograr este significativo avance de justicia social, hubo detrás un largo proceso que abarcó desde actuaciones judiciales, ratificaciones de tratados internacionales y hasta acciones coordinadas de sociedad civil, gobierno y academia.
Esta nueva regulación advierte que una persona trabajadora del hogar es aquella que, de manera remunerada, realiza actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no aporte para la persona empleadora beneficio económico directo, en cualquiera de las siguientes modalidades: quien trabaje para una o diferentes personas empleadoras y resida o no, en el domicilio donde realice actividades.
Asimismo, precisa que no se considerará persona trabajadora del hogar a quien lo realice únicamente de forma ocasional o esporádica y quien preste servicios de aseo, asistencia, atención a clientes y otros semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos. asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos.
La incorporación de las y los trabajadores del hogar fue un logro obtenido gracias a una determinación del Poder Judicial de la Federación en 2018, pues tiene su origen en el cumplimiento de la sentencia del amparo directo 9/2018[3], emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que, el régimen especial de afiliación voluntaria previsto en el Artículo 13 de la Ley del Seguro Social era inconstitucional.
Lo anterior, por ser discriminatorio, lo que obligó al IMSS a elaborar un programa modelo para ser instrumentado y evaluado durante 18 meses, a efecto de que una vez concluido su pilotaje, se garantizara la incorporación obligatoria al seguro social de las y los trabajadores del hogar en el país.
